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El gobierno plantea modificaciones a la Ley Sinde

El gobierno está estudiando diferentes alternativas y mejoras para la ley Sinde. Tras el rechazo de hace unos días, parece que la ministra se reunió con algunos importantes gurús de internet en España y ha decidido recapacitar.

Según se ha filtrado a través de EFE, una de las posibles mejoras sería que habría días libres para poder descargar contenidos de las webs, coincidiendo con el DNI del usuario. Es decir algo similar a ésto:

Lunes: DNI acabados en 1 y 2

Martes: DNI acabados en 3 y 4

Y así hasta el viernes. Los sábados y domingos serían abiertos para todos, incluidos menores que no tengan DNI.

De hecho hay un proyecto de DNI Electrónico como el de la imagen.

Inicialmente esto plantearía un problema de identidad al saberse que usuario se está bajando un contenido, pero el ministerio ha dado su palabra de no mirar nunca esa información «son tantos los usuarios, que no habría tiempo material para ello, por eso preferimos hacer la vista gorda», ha manifestado la Ministra.

Por otro lado, para calmar los ánimos de la SGAE, ésta recibiría un porcentaje de la subida del recibo de la luz que se aprobó ayer. No se han cerrado todavía las cantidades, pero podría rondar un 2,5% .

El presidente de la SGAE, Teddy Bautista ha declarado que «a mi no me importa como llegue el dinero con tal de tener para mis gastos, y los de mis amigos músicos»

Actualización:

Se trataba de una inocentada, como la mayoría habréis deducido

A partir de hoy, Red y Libertad

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.
Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía.
Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que vincula a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos
Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fue aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o “ley de la patada en la puerta”). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

Los artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);
La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D, “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);
El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A, “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);
La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C, “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);
Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B, “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y delegaciones diplomáticas.

Firmado
Red SOStenible

La Red SOStenible somos todos. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, blogguéalo, difúndelo.

Como funcionan las listas Robinson

Leo en el blog sobre seguridad de la información un interesante artículo sobre el funcionamiento de las listas Robinson, sin embargo ahora parece estar no disponible.
Copio y pego lo que leí:
Muchas personas no desean recibir publicidad no solicitada de empresas, ya sea vía postal, por correo electrónico o a través de una llamada telefónica o un SMS. En algunos casos les resulta muy molesto. Para solucionar esta contrariedad se han creado ficheros de exclusión publicitaria, esto es, las llamadas “Listas Robinson”.

Estas listas ofrecen a los usuarios inscritos en ellas, la posibilidad de seleccionar por sí mismos el medio o medios de comunicación a través de los cuales no quieran recibir publicidad de las entidades que para el desarrollo de sus campañas publicitarias empleen datos personales obtenidos de fuentes públicas o bases de datos de terceros.

Esta iniciativa parte de la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEM) en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y fue dada a conocer al público el pasado mes de junio.

Su punto de partida es claro. El Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, aprobado en diciembre de 2007, integró mecanismos para que los ciudadanos pudieran disponer de herramientas para evitar la publicidad no deseada. Entre ellos dicha norma establece la posibilidad de crear los denominados “ficheros de exclusión”, en los que cualquier persona puede inscribirse para evitar recibir publicidad no deseada. El citado reglamento también recoge la obligatoriedad de consultarlos a todos aquellos anunciantes (empresas, instituciones y otras entidades) que realicen campañas publicitarias por correo postal, correo electrónico, llamadas telefónicas, SMS, MMS o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, y para cuyo proceso utilicen datos personales que figuren en fuentes públicas o ficheros de los que no sean responsables.

El proceso para que un ciudadano pueda darse de alta en la lista es sencillo. Una vez conectados a la página web www.listarobinson.es, tras introducir sus datos personales el servicio envía al usuario un correo electrónico con la contraseña asignada. Una vez hecho esto, el usuario puede elegir aquellos canales (llamadas telefónicas, SMS, MMS y correos electrónicos) a través de los cuales no desea recibir publicidad. La inscripción será efectiva en el plazo de tres meses desde el día siguiente al que se realiza.

Puesto que los ciudadanos pueden recibir publicidad con distintos nombres, se ofrece varias opciones para registrarse, debido a que para que el servicio sea efectivo es preciso que la información facilitada coincida exactamente con la tratada por las empresas que vayan a llevar a cabo el desarrollo de la campaña publicitaria.

Estas listas otorgan, por una parte, la facultad de oponerse a la recepción de noticias comerciales, y por otra, la posibilidad de no figurar en las guías telefónicas, o que en el caso de aparecer, que sus datos no sean utilizados para la realización de llamadas con fines comerciales, entre otras facultades

Por otro lado, cualquier empresa, antes de proceder a enviar una campaña publicitaria, tiene la posibilidad de acceder a las listas. Su acceso puede hacerse de tres maneras diferentes:

Mediante consulta manual (de manera gratuita), para comprobar si un concreto usuario está en la lista.
Descargando la lista completa en el momento de la consulta (con un coste de 150 euros).
A través de una suscripción anual (con un coste de 550 euros anuales), con la posibilidad de consultar la lista siempre que se desee.
De este modo, de manera legal, y por un precio no muy elevado, se puede conseguir un fichero con miles de datos personales válidos.

Precisamente, a raíz de esta circunstancia surgen una serie de interrogantes relacionados con la seguridad de la información de este procedimiento. Obviamente, en primer lugar se plantea la posibilidad de que la información contenida en estas listas sea utilizada con fines malintencionados, ya que, los datos de los usuarios que se hayan registrado en las “Listas Robinson» de exclusión publicitaria pueden ser fácilmente extraídos y posteriormente manipulados.

Así, lo que en un principio era un servicio gratuito para poder disponer de exclusión publicitaria puede llegar a convertirse en una fuente para la explotación ilegítima de datos de particulares, utilizándolos por ejemplo, para lanzar un ataque masivo de spam.

Otra de las lagunas del procedimiento de las “Listas Robinson”, es que cualquier entidad o persona puede crear un fichero de este tipo. El apartado 1 del artículo 49 del Real Decreto 1720/2007 faculta la creación de estos ficheros, pudiendo ser de carácter general o sectorial. Sin embargo, no asigna a ninguna organización (pública o privada) una gestión privilegiada.

Asimismo, la normativa vigente no hace obligatoria la consulta previa a estas Listas para todos aquellos que lleven a cabo un tratamiento relacionado con actividades de publicidad.

Sin lugar a dudas, estos interrogantes deben ser solventados cuantos antes no solo para garantizar la seguridad y privacidad de los ciudadanos, sino para generar la confianza necesaria en el uso de este servicio.

Bill Gates quiere compartir su fortuna conmigo y con todo el mundo

Se que lleva años funcionando por ahi, pero hoy me ha llegado de nuevo este correo con el asunto OFERTA LABORAL URGENTISISISISISISISSIMOOOOO!!! CONVIENE, ESTO ES VERDAD!! Y GRATIS:

SIGA LEYENDO LO QUE ELLA ME ESCRIBIÓ:

Lo siento mucho, pero tenía que probar suerte. Soy abogada y conozco La ley. Y les digo que esto es real. AOL e INTEL van a cumplir sus promesas por temor a enfrentar un juicio de varios millones de dólares semejante al que la compañía Pepsico planteó a General Eléctrica no hace mucho tiempo.

No tomen esta carta como un Spam Bill Gates está compartiendo su fortuna si usted la ignora, podría arrepentirse.

Microsoft y AOL son actualmente las compañías más grandes de Internet en un esfuerzo porque Internet Explorer se mantenga como el programa de más amplio uso, están realizando una apuesta en relación al e-mail si usted envía este mensaje a sus amigos, Microsoft Windows le dará seguimiento por un período de dos semanas., en caso de que usted Utilice Microsoft Windows.

Por cada persona a la que usted reenvíe este mensaje, Microsoft le pagará a usted 245 dólares USA.

Por cada una de las personas a las que usted escribió y que reenvían el mensaje, Microsoft le pagará a usted $243 (Dólares USA) y por cada tercera persona que lo reciba, le pagará a usted $241 Dólares USA.

En dos semanas, Microsoft lo contactará a usted solicitando su Dirección postal y le enviará un cheque.
Yo también creí que esto era un engaño. Pero dos semanas después de recibir este mensaje y de haberlo reenviado, Microsoft me contactó, solicitando mi dirección y pocos días después recibí un cheque por 24, 800.00 dólares USA. Si alguien puede financiar esto, sin duda es Bill Gates. Para él son gastos de mercadeo. Usted puede fácilmente ganarse unos $10.000 dólares USA.
Por favor, envíe esto a la mayor cantidad de personas posibles. No le vamos a ayudar con su apuesta sin sacar algo por el tiempo que hemos invertido en esto.
La novia de mi hermano se metió en esto hace algunos meses. Cuando los fui a visitar, mi hermana me enseñó el cheque que le dieron por la suma de $4, 324.44 dólares USA y llevaba una leyenda ‘pagado en totalidad’. Como dije antes, conozco la ley y garantizo que esto es real.
Que tienes que perder?, reenvíalo con urgencia!

Saludos y MUCHA suerte

Y además me llega con una lista interminable de direcciones de correo:

Y me sigo preguntando lo mismo que hace años:

¿Todavía hay gente que se lo cree?

La protección de los datos en las urnas

En un par de días he visto varias veces el siguiente caso.

Es una tienda en Zaragoza de venta de pan, chucherias, frutos secos, etc, que está sorteando entre sus clientes algo (puede que sean entradas para la Expo, no lo recuerdo). El caso es que rellenas un pequeño impreso, y lo tienes que depositar en una urna que hay junto a la caja. La urna es como la de la fotografía, transparente, y según como caiga la papeleta que la gente introduce (nunca doblada), se pueden leer todos los datos del participante.

Hoy me he fijado que en al menos 3 se leía todo o en parte datos como el teléfono, el nombre y apellidos, la dirección y hasta el número de DNI.

Alguien con un poco de «mala leche» puede hacer uso de esos datos.

¿No hay nada regulado al respecto?. Supongo que si. Además sería tan sencillo como obligar a doblar la papeleta, o a poner la urna de color, de cartón, o cualquier cosa menos transparente.

Entiendo que no es una práctica muy legal. Si algún erudito en el tema quiere aportar su punto de vista legal, tiene los comentarios.

NOTA DE PRENSA HISPALINUX

Me llega la siguiente nota de prensa de Hispalinux con referencia a la Ley de Acceso Electrónica de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas (LAECAP):

*La Comisión de Administración Pública del Senado recorta los derechos digitales de los ciudadanos*

Madrid/Bruselas 5 de Junio de 2007

Hispalinux, FFII, RITSI, Internautas, ATI, Linux.es, Legalventure, Iglues, ESLIC, AGNIX, LiMa, LiCor, Informáticos Penitenciarios, Fundación Ciencias de la Documentación, EstándaresAbiertos.org

El pasado día 31 de mayo la Comisión de Administración Pública del Senado votó la enmienda de la Ley de Acceso Electrónica de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas (LAECAP). Entre las enmiendas propuestas se encontraban algunas presentadas por los grupos Mixto, integrado por IU y BNG, y Entesa Catalana del Progrés (PSC, ERC, ICV) que eran apoyadas por las principales organizaciones sociales dedicadas a la fomentar la creación, uso y difusión de las nuevas tecnologías. En contra de los principios defendidos por estas organizaciones se posicionaron principalmente PP y PNV.

Así, las referidas enmiendas aseguraban tres derechos básicos de los
ciudadanos:

El primero y más importante es, en consonancia con el Artículo 14 de la Constitución, el derecho a no ser discriminado por razón del tipo de hardware y software que cada ciudadano decida usar para comunicarse con las administraciones públicas. Para ello se establecía que las administraciones públicas deben siempre usar los llamados legalmente «estándares abiertos»
(públicos) a la hora de comunicarse con la ciudadanía. Esto es, aquellos estándares públicamente conocidos que están libres de cualquier restricción legal o atadura tecnológica, de forma que cualquier empresa o ciudadano puede libremente usarlos. Desgraciadamente, la mayoría de la Comisión formada por PP y PNV, lejos de aceptar esta línea de trabajo garantista, adoptó justo la contraria, la que restringe o anula los derechos de la ciudadanía.

Es absolutamente inaceptable e inconcebible en un país democrático que para que un ciudadano pueda ejercer derechos y obligaciones sea obligado por su administración a ser cliente de empresa alguna concreta. Recíprocamente, tampoco es aceptable ni económicamente justificable que una Administración Pública esté obligada a adquirir una marca concreta para atender a los ciudadanos. Para cumplir ambas condiciones con neutralidad se necesitan formatos y protocolos que así lo permitan, y esos sólo son los denominados estándares abiertos.

La segunda gran demanda de derechos tiene que ver con el software, y en general el conocimiento, que se produce para satisfacer las necesidades de nuestras entidades públicas y que es pagado con los impuestos de los contribuyentes.

La propuesta de enmienda que daba esta garantía establecía que todas las Administraciones Públicas compartieran el software del que son propietarias con una licencia que permitiese a cualquier otra entidad pública, ciudadano o empresa su uso para cualquier propósito, su copia, modificación y redistribución con o sin cambios, siempre que las obras derivadas mantuviesen esa misma licencia.

El software es la infraestructura que más impacto tiene hoy día en la economía y es necesario ponerla a plena disposición de todos ya que, además, todos la pagamos. Sin embargo la Comisión ha decidido en contra de este derecho también.

El tercer derecho que se reclama es que cualquier ciudadano debería poder auditar el código fuente, esto es, cómo funcionan internamente los programas que ejecutan sus trámites administrativos. Desgraciadamente también a caído ese derecho fruto del pacto PP+PNV.

Pero los ciudadanos tenemos derecho a saber que se hace exactamente con nuestros propios datos. ¿Cual es el procedimiento que se sigue? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Quién los ve? ¿Para qué son usados?… Tenemos derecho a auditar de que no se haga nada que no esté previsto en las leyes, que no se manipulen inadecuadamente, aunque sea de forma inadvertida.
Tenemos derecho a esa garantía y no se satisface suficientemente con la mera promesa acerca de que algún organismo lo controlará tal y como ha decidido la mayoría en la Comisión.

Así, la mayoría formada por PP y PNV en la Comisión de Administración Pública, en representación del resto de sus compañeros de grupo, ha decidido que no, que los ciudadanos no debemos tener esos derechos.

Pero las asociaciones más representativas de mundo digital español exigimos que, en el Pleno del Senado del día 7 de junio, cada senador vote por otorgarnos derechos por ley. Y esto lo exigimos por la simple y afortunado peso de poder o no votarlos mediante listas abiertas en breves meses.

Igualmente, esperamos también que los diputados del Congreso tomen buena nota de lo que pedimos los ciudadanos a través de sus colectivos más representativos y dinámicos en materias digitales: que lleven a cabo la ratificación de esos derechos cuando les llegue de vuelta esta propuesta de ley. Será sin duda la mejor forma de estimular la participación y valoración de nuestros representates y partidos políticos.

Firmantes:
Jorge Fuertes, presidente, en nombre de «Asociación Española de Usuarios de Software Libre» (Hispalinux), Madrid, +8.000 miembros, ámbito estatal

Pieter Hintjens, presidente, y Alberto Barrionuevo, vicepresidente, en nombre de «Förderverein für eine Freie Informationnelle Infrastruktur eV»
(FFII), Munich, +100.000 «supporters», +2.000 «active members» y +3.000 «corporative members», ámbito internacional.

Asier Martínez Hernán, presidente, en nombre de «Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería e Ingenierías Técnicas en Informática» (RITSI), Sevilla, +100.000 miembros, ámbito estatal y profesional (informática).

Julian Coccia, presidente, en nombre de «Asociación Linux Español» (linux.es), Salamanca, 12.985 suscriptores, ámbito iberoamericano.

Fernando Piera, vicepresidente, en nombre de «Asociación de Técnicos en Informática» (ATI), Madrid, +7.000 miembros, ámbito estatal y profesional

Víctor Domingo, presidente, en nombre de «Asociación de Internautas»
(Internautas), Madrid, +2.000 miembros, ámbito estatal.

Roberto Brenlla, presidente, en nombre de «Asociación de Usuarios GNIX»
(AGNIX), Santiago de Compostela, +60, ámbito regional (Galicia).

Antonio Rueda, presidente, en nombre de «Asociación Malagueña de usuarios de Linux de Málaga» (LiMa), Málaga, +130 miembros, ámbito provincial (Málaga)

Pablo Álvarez de Sotomayor, presidente, en nombre de «Asociación Linux Córdoba» (LiCor), Córdoba, +30 miembros, ámbito provincial (Córdoba)

Juan Carlos Moral Payá, presidente, en nombre de «Asociación de Informáticos Penitenciarios», Valencia, +70 miembros, ámbito nacional.

Gonzalo Luis Aller Arias, en nombre de «Asociación de Empresas de Software Libre de Canarias» (ESLIC), Santa Cruz de Tenerife, 12 empresas con más de 40 trabajadores, ámbito regional (Canarias) y empresarial (informática)

José Raúl Vaquero, presidente, en nombre de «Fundación Ciencias de la Documentación», Mérida, ámbito iberoamericano y profesional (documentalistas).

René Mérou, vicepresidente, en nombre de «Asociación Iniciativa de Gestión Libre Universal para Empresas y Sociedades» (Iglues), Palma de Mallorca, 40 socios, ámbito nacional

Antonio Rivera, presidente, en nombre de «Asociación Iniciativa Focus», (Iniciativa Focus), Málaga, +400 socios, ámbito regional (Andalucía)

José María Lancho, presidente, «Asociación Legalventure» (Legalventure), Madrid, ámbito estatal y profesional (abogacía).

Alberto Barrionuevo, coordinador, en nombre de Proyecto EstándaresAbiertos.org (proyecto jurídicamente dependiente de OPENTIA, S.L., Colmenar Viejo), 59 participantes, ámbito iberoamericano y profesional (informática).

Contacto para prensa:
Roberto Santos
roberto.santos@hispalinux.es
(+34) 699 55 74 33

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Atentamente,
José Miguel Corral
Prensa-Hispalinux
prensa@hispalinux.es
www.hispalinux.es

«HispaLiNUX, Asociación de Usuarios Españoles de Linux, inscrita en el registro de asociaciones con el número 163.270. Fundada el 20 de Junio de 1.997. CIF:G81968729.»
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Controlando Internet

Hoy dia 27 concluye el plazo para presentar alegaciones al proyecto de Ley de "Impulso" de la Sociedad de la Información. Esto significa que si se aprueba habrá organismos que podrán clausurar páginas web sin que haya sentencia de ningún juez.

Pero ¿ésto está ocurriendo en España?, ¿no será que he cazado esta noticia de algún país con dictadura?. Parece que no, porque la noticia la da Enrique Dans en su blog, y en la Asociación de Internautas.

Es de esperar que este tipo de medidas fracasen antes de ver la luz. Ya ha ocurrido otras veces, pero es preocupante que cada poco tiempo saquen a la palestra temas como éste. En alguna de estas, nos cuelan una.